Resumen: El recurso de casación versa obre la posibilidad de revisar de oficio actos de encuadramiento en casos de simulación de relaciones laborales. La cuestión casacional consistía en determinar si las omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario permiten a la TGSS anular altas indebidas sin acudir a la jurisdicción social.
La Sala fija doctrina en el siguiente sentido: la TGSS puede revisar de oficio actos de afiliación, altas y bajas cuando se constate su improcedencia, incluso antes de la reforma del art. 16 LGSS por el Real Decreto-ley 1/2023, que refuerza esta facultad. Tales actos son instrumentales y no constituyen derechos consolidados, por lo que no se exige demanda ante el Juzgado de lo Social. La competencia para conocer las impugnaciones corresponde al orden contencioso-administrativo, conforme al art. 3.f) LRJS y a la normativa específica (arts. 16 LGSS y 54 y ss. RGIESS). El Tribunal Supremo declara que la TGSS puede revisar de oficio sus actos en materia de afiliación, altas y bajas, anulando los indebidos por nulidad o anulabilidad. Se ordena retrotraer las actuaciones para que la Sala de instancia resuelva las restantes cuestiones planteadas, sin cuestionar esta facultad de revisión.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de apelación contra la sentencia que había estimado íntegramente la demanda de los familiares de una persona fallecida por mala praxis médica. La Sala concluye que, aunque el triaje de la paciente fue el adecuado, no lo fue las condiciones de espera en urgencias aplicando la doctrina de la pérdida de oportunidad dado el estado de salud previo de la recurrente que ya padecía un fallo multiorgánico sufriendo un infarto de miocardio sin signos visibles cuando fue objeto de triaje. Se aprecia error en la apreciación de la prueba al no partir de las conclusiones que dieron lugar al sobreseimiento realizado en la vía penal y asumir las periciales no cualificadas de la parte actora. Dadas las circunstancias concurrentes se reduce la indemnización a favor de los parientes de la fallecida en un 5 % de la solicitada.
Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia estimatoria de la Audiencia Nacional. La doctrina que se fija es coincidente con la que se estableció en la sentencia de 17 de noviembre pasado, en el recurso de casación nº 5786/2023: Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que soló realicen en España inversiones de carácter financiero, por las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE , dado que ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.
Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia estimatoria de la Audiencia Nacional. La Sala reitera la doctrina fijada en la sentencia 999/2024, de 6 de junio, recaída en el RCA 2209/2023 y señala que, no cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto declarando la responsabilidad patrimonial de la Mutua demandada, en su condición de colaboradora con la seguridad social, reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado con 15.000 euros condenando a Ibermutua a su pago. Se sustenta el recurso interpuesto en la defectuosa asistencia sanitaria recibida con motivo de la artroscopia que le fue realizada en el hombro derecho. El recurrente atribuye las graves secuelas visuales que padece a una incorrecta elección de la técnica anestésica, que le provocó una parada cardiorrespiratoria y a la falta de un consentimiento informado válido solicitando una indemnización de 160.000 euros. Se estima parcialmente el recurso interpuesto previa valoración de la prueba practicada, en especial el informe del perito designado por la Real Academia de Medicina. Se concluye, en primer lugar declarando que no se ha acreditado vulneración de la lex artis ni nexo causal entre la anestesia y las secuelas visuales, descartando la responsabilidad sanitaria por mala praxis. No obstante en segundo lugar y respecto del consentimiento informado, se declara la infracción del deber de información al no constar documentalmente el contenido ni la prestación del consentimiento informado,lo que resulta imputable a Ibermutua. Se concreta la indemnización atendiendo a los daños morales causados por la omisión del consentimiento cifrados en 15.000 euros.
Resumen: No cabe promover la alteración catastral por el otorgamiento unilateral del título por el propietario único del edificio destinado a alquiler de los locales existentes, hasta tanto no concurran los elementos constitutivos exigidos, en concreto hasta tanto no exista una pluralidad de propietarios.
Resumen: Para ser considerada como pareja de hecho a efectos de generar la pensión de viudedad del artículo 38.4 del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el RD Legislativo 670/1987, de 30 de abril, la misma debe reunir los siguientes requisitos de forma concurrente: 1. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años; que puede acreditarse por cualquier medio válido en Derecho.
2. Constitución o formalización de la pareja de hecho mediante su inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las CCAA o Aytos. del lugar de residencia, o en documento público; con una antelación mínima de 2 años respecto a la fecha del fallecimiento. Y tal constitución solo puede acreditarse mediante certificación de la inscripción en los referidos registros o mediante el documento público en el que conste la constitución de dicha pareja con la referida antelación; sin que ni el requisito de constitución ni el del plazo referido puedan sustituirse por prueba de convivencia. Y, a esa doctrina, añade: en los casos en los que, atendiendo a la fecha del fallecimiento, fuera aplicable el último inciso del párrafo 4º del art. 38 del RD Legislativo 670/1987, deberá tener en cuenta pp. de seguridad jurídica y de buena administración (art. 9.3, 10.2 y 103 CE), en consonancia con la doctrina fijada por el TEDH, entre otras, en las sentencias de 19/01/2023 (Domenech Aradilla), 19/01/2023 (Rodríguez González), 26/01/2023 (Valverde Digon), y 16/10/2025 (Mendieta Borrego), respecto del derecho de propiedad (art. 1,Protocolo n.º 1 del Convenio para la Protección DDHH y LLFF), en cuanto que acogen la expectativa legítima creada entre los miembros de la unión de hecho para poder ser perceptores.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si las actuaciones encaminadas a sacar a subasta el bien embargado, en concreto las valoraciones de bienes y el requerimiento de aportación de títulos hechos al deudor principal, tienen la consideración de actuaciones tendentes al cobro de la deuda tributaria y, como tales, ostentan efecto interruptivo del plazo de prescripción del derecho que tiene la Administración a la derivación de la responsabilidad subsidiaria.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en cumplimiento de los criterios fijados en la STJUE de 6 de junio de 2023 (Prestige & Limousine, asunto C-50/21), la limitación del número de licencias VTC que pueden concederse para ejercer dicha actividad empresarial en un determinado territorio, basándose en razones imperiosas de interés general (en este caso medio ambientales), la Administración pública ha de justificar el impacto que la limitación tiene en el medio ambiente y razonar si existen medidas menos gravosas; o si, por el contrario, tiene un importante margen de discrecionalidad para establecer dichas limitaciones en base a estrategias de planificación y evaluación global.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en Interpretar los artículos 25.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en relación con el 128.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de determinar si el control y verificación de la documentación presentada, la elaboración de los informes sobre las alegaciones, y la elaboración de las propuestas relativas a la resolución de las subvenciones supone el ejercicio de una potestad pública o no y, en consecuencia, si esa actividad puede ser encomendada a una fundación -en este caso, a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
